¿El gobierno de Obama rompió relaciones con los agricultores hispanos y las mujeres agricultoras?
A principios de la
década del 80, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos
(USDA, por sus siglas en inglés) desmanteló en secreto su sección de
derechos civiles. Durante años, los empleados del USDA
archivaron los reclamos por discriminación presentados por agricultores
hispanos, afroamericanos, nativos estadounidenses y mujeres
agricultoras en una oficina en desuso del edificio del USDA en
Washington, DC. En pocas palabras, el gobierno de Reagan había
dado la espalda a estas minorías de agricultores al tiempo que atendía
los caprichos de las grandes empresas agrícolas. Este enfoque
empresarial introdujo en el sector agrícola cultivos modificados
genéticamente, hormonas estimulantes del crecimiento en el
ganado bovino y pesticidas químicos, algunos de los cuales están siendo
vinculados hoy en día a la leucemia infantil, al Parkinson y al linfoma
no-Hodgkin.
Como era de esperar,
las minorías que perdieron sus granjas familiares en manos de la
agroindustria y por negárseles préstamos federales (prácticamente
garantizando su desaparición), celebraron las elecciones
de 2008 como un punto de inflexión. El candidato presidencial Barack
Obama había prometido poner todo en orden. Sin embargo, cuatro años
después, los agricultores hispanos y las mujeres agricultoras siguen
esperando una respuesta por parte del gobierno de
Obama.
En 1999, el gobierno de
Clinton resolvió la demanda por discriminación ‘Pigford contra
Glickman’ que los agricultores afroamericanos presentaron en contra del
USDA, la primera de cuatro demandas idénticas presentadas
por parte de agricultores afroamericanos, nativos estadounidenses,
hispanos y mujeres agricultoras que alegaban haberse cometido actos de
discriminación por parte del USDA en la administración de los programas
de sus granjas. Desde un comienzo, nunca ha habido
una controversia real acerca de la existencia de tal discriminación.
Hasta el Secretario de Agricultura, Dan Glickman, el demandado original
en las cuatro demandas, testificó ante el Congreso que: "buenas personas
perdieron sus tierras. . . debido al color
de su piel". En el año 2010, el gobierno de Obama resolvió una segunda
demanda que llegó a ser conocida como ‘Pigford II’, que incluyó una
moratoria en las ejecuciones hipotecarias de las granjas de los
demandantes y pagos a los agricultores afroamericanos
a los cuales se les había vencido el plazo para participar en el
convenio anterior. De pie en el auditorio
South Court de la Casa Blanca, el
presidente Obama firmó el proyecto de ley que financió el convenio ante
una gran multitud de alrededor de 150 legisladores de ambos partidos
políticos y activistas afroamericanos, entre
otros. Quienes estuvieron ausentes de todo el alboroto fueron los
agricultores hispanos y las mujeres agricultoras, cuyas demandas ‘García
contra Vilsack’ y ‘Love contra Vilsack’ (idénticas a los casos de los
agricultores afroamericanos y nativos estadounidenses)
quizás también hayan sido archivadas en alguna oficina en desuso de la
Casa Blanca de Obama.
El extenso historial
del USDA en lo que refiere a discriminación contra agricultores
afroamericanos, nativos estadounidenses, hispanos y mujeres agricultoras
es reconocido y está bien documentado. De hecho, la
administración de Obama había propuesto resolver las cuatro series de
casos proporcionando procesos de resolución alternativa de disputas
(ADR, por sus siglas en inglés) para solucionar las demandas
individuales de discriminación de los agricultores. Sin embargo,
en lugar de ofrecer el mismo proceso de ADR para cada grupo de
víctimas, el gobierno de Obama ofreció a los agricultores hispanos y
mujeres agricultoras un procedimiento de conciliación que era
cualitativamente diferente al concedido a los agricultores
afroamericanos
y nativos estadounidenses. De acuerdo con sus disposiciones, el
criterio de lo que constituía evidencia de discriminación contra
agricultores hispanos y mujeres agricultoras exigía casi una confesión
firmada por el funcionario del USDA que perpetró el acto
de discriminación. Por otro lado, en los casos de los agricultores
afroamericanos y nativos estadounidenses, se requirió mucho menos
evidencia para demostrar la discriminación.
En enero de 2012, el
gobierno presentó su más reciente propuesta de conciliación para los
agricultores hispanos y mujeres agricultoras. La administración de Obama
lo llamó el "Marco para el proceso de reclamaciones
de agricultores hispanos y mujeres agricultoras". En Pigford I, a los
agricultores afroamericanos se les proveyó un proceso ADR de dos vías
que les permitió recuperar 50.000 dólares o los daños que fueran capaces
de demostrar, sin limitación, a pesar de que
algunos casos terminaran costándole millones de dólares al gobierno
federal. Sin embargo, para los agricultores hispanos y las mujeres
agricultoras, el gobierno de Obama puso un tope al costo de los daños de
250.000 dólares directamente atribuibles a políticas
discriminatorias del USDA, independientemente del tamaño de la granja o
las pérdidas. Este "marco" también excluye la recuperación de los daños
que sufrieron las cooperativas de agricultores en estos casos. Tales
restricciones no fueron impuestas sobre el
importe de liquidación en Pigford. De hecho, el gobierno de Obama debió
desembolsar más de 13 millones de dólares para una cooperativa dirigida
por Shirley Sherrod, una demandante del caso Pigford I. Esta ex
empleada del USDA apareció brevemente en las noticias
cuando la administración de Obama la despidió precipitadamente y luego
la volvió a contratar después de que el blogger conservador Andrew
Breitbart tergiversara unos comentarios suyos, de manera que parecieran
racistas.
A pesar de que los
agricultores hispanos superan en número a sus homólogos afroamericanos
en una proporción de dos a uno, y tienen granjas más grandes y cultivos
más rentables, el gobierno de Obama les ofreció
un importe de liquidación que es el 59 por ciento del importe que ya
han pagado o acordaron pagar a los agricultores afroamericanos. La suma
menor también deberá ser compartida con mujeres agricultoras a pesar de
que las granjas que poseen en conjunto superan
en número a las granjas de afroamericanos en una proporción de doce a
uno. De hecho, prácticamente todas las estipulaciones contenidas en el
"marco" ofrecido a los agricultores hispanos y mujeres agricultoras es
tan oneroso en comparación con el caso Pigford,
que el objetivo del gobierno de Obama parece estar solamente enfocado a
"callarlos" descaradamente, en lugar de hacerlos todos de manera que
puedan restaurar sus medios de vida agrícolas.
Sin lugar a duda, la
administración de Obama puede culpar al Congreso por el fracaso de
aprobar una reforma migratoria integral que es favorecida por los
votantes de ascendencia latina. Pero no tiene a quien
culpar sino a sí misma, si los agricultores latinos y las mujeres
agricultoras no participan en las próximas elecciones. En síntesis, el
gobierno de Obama ha atrapado a estos dos grupos, quienes han sido
víctimas de discriminación, con un "marco" de prestidigitación
jurídica y cambios en las reglas de juego que habrían hecho sentir
orgullosos a los funcionarios agrícolas del gobierno de Reagan.
