Tuesday, May 22, 2012

¿El gobierno de Obama rompió relaciones con los agricultores hispanos y las mujeres agricultoras?


A principios de la década del 80, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) desmanteló en secreto su sección de derechos civiles. Durante años, los empleados del USDA archivaron los reclamos por discriminación presentados por agricultores hispanos, afroamericanos, nativos estadounidenses y mujeres agricultoras en una oficina en desuso del edificio del USDA en Washington, DC. En pocas palabras, el gobierno de Reagan había dado la espalda a estas minorías de agricultores al tiempo que atendía los caprichos de las grandes empresas agrícolas. Este enfoque empresarial introdujo en el sector agrícola cultivos modificados genéticamente, hormonas estimulantes del crecimiento en el ganado bovino y pesticidas químicos, algunos de los cuales están siendo vinculados hoy en día a la leucemia infantil, al Parkinson y al linfoma no-Hodgkin.
Como era de esperar, las minorías que perdieron sus granjas familiares en manos de la agroindustria y por negárseles préstamos federales (prácticamente garantizando su desaparición), celebraron las elecciones de 2008 como un punto de inflexión. El candidato presidencial Barack Obama había prometido poner todo en orden. Sin embargo, cuatro años después, los agricultores hispanos y las mujeres agricultoras siguen esperando una respuesta por parte del gobierno de Obama.
En 1999, el gobierno de Clinton resolvió la demanda por discriminación ‘Pigford contra Glickman’ que los agricultores afroamericanos presentaron en contra del USDA, la primera de cuatro demandas idénticas presentadas por parte de agricultores afroamericanos, nativos estadounidenses, hispanos y mujeres agricultoras que alegaban haberse cometido actos de discriminación por parte del USDA en la administración de los programas de sus granjas. Desde un comienzo, nunca ha habido una controversia real acerca de la existencia de tal discriminación. Hasta el Secretario de Agricultura, Dan Glickman, el demandado original en las cuatro demandas, testificó ante el Congreso que: "buenas personas perdieron sus tierras. . . debido al color de su piel". En el año 2010, el gobierno de Obama resolvió una segunda demanda que llegó a ser conocida como ‘Pigford II’, que incluyó una moratoria en las ejecuciones hipotecarias de las granjas de los demandantes y pagos a los agricultores afroamericanos a los cuales se les había vencido el plazo para participar en el convenio anterior. De pie en el auditorio South Court de la Casa Blanca, el presidente Obama firmó el proyecto de ley que financió el convenio ante una gran multitud de alrededor de 150 legisladores de ambos partidos políticos y activistas afroamericanos, entre otros. Quienes estuvieron ausentes de todo el alboroto fueron los agricultores hispanos y las mujeres agricultoras, cuyas demandas ‘García contra Vilsack’ y ‘Love contra Vilsack’ (idénticas a los casos de los agricultores afroamericanos y nativos estadounidenses) quizás también hayan sido archivadas en alguna oficina en desuso de la Casa Blanca de Obama.
El extenso historial del USDA en lo que refiere a discriminación contra agricultores afroamericanos, nativos estadounidenses, hispanos y mujeres agricultoras es reconocido y está bien documentado. De hecho, la administración de Obama había propuesto resolver las cuatro series de casos proporcionando procesos de resolución alternativa de disputas (ADR, por sus siglas en inglés) para solucionar las demandas individuales de discriminación de los agricultores. Sin embargo, en lugar de ofrecer el mismo proceso de ADR para cada grupo de víctimas, el gobierno de Obama ofreció a los agricultores hispanos y mujeres agricultoras un procedimiento de conciliación que era cualitativamente diferente al concedido a los agricultores afroamericanos y nativos estadounidenses. De acuerdo con sus disposiciones, el criterio de lo que constituía evidencia de discriminación contra agricultores hispanos y mujeres agricultoras exigía casi una confesión firmada por el funcionario del USDA que perpetró el acto de discriminación. Por otro lado, en los casos de los agricultores afroamericanos y nativos estadounidenses, se requirió mucho menos evidencia para demostrar la discriminación.
En enero de 2012, el gobierno presentó su más reciente propuesta de conciliación para los agricultores hispanos y mujeres agricultoras. La administración de Obama lo llamó el "Marco para el proceso de reclamaciones de agricultores hispanos y mujeres agricultoras". En Pigford I, a los agricultores afroamericanos se les proveyó un proceso ADR de dos vías que les permitió recuperar 50.000 dólares o los daños que fueran capaces de demostrar, sin limitación, a pesar de que algunos casos terminaran costándole millones de dólares al gobierno federal. Sin embargo, para los agricultores hispanos y las mujeres agricultoras, el gobierno de Obama puso un tope al costo de los daños de 250.000 dólares directamente atribuibles a políticas discriminatorias del USDA, independientemente del tamaño de la granja o las pérdidas. Este "marco" también excluye la recuperación de los daños que sufrieron las cooperativas de agricultores en estos casos. Tales restricciones no fueron impuestas sobre el importe de liquidación en Pigford. De hecho, el gobierno de Obama debió desembolsar más de 13 millones de dólares para una cooperativa dirigida por Shirley Sherrod, una demandante del caso Pigford I. Esta ex empleada del USDA apareció brevemente en las noticias cuando la administración de Obama la despidió precipitadamente y luego la volvió a contratar después de que el blogger conservador Andrew Breitbart tergiversara unos comentarios suyos, de manera que parecieran racistas.
A pesar de que los agricultores hispanos superan en número a sus homólogos afroamericanos en una proporción de dos a uno, y tienen granjas más grandes y cultivos más rentables, el gobierno de Obama les ofreció un importe de liquidación que es el 59 por ciento del importe que ya han pagado o acordaron pagar a los agricultores afroamericanos. La suma menor también deberá ser compartida con mujeres agricultoras a pesar de que las granjas que poseen en conjunto superan en número a las granjas de afroamericanos en una proporción de doce a uno. De hecho, prácticamente todas las estipulaciones contenidas en el "marco" ofrecido a los agricultores hispanos y mujeres agricultoras es tan oneroso en comparación con el caso Pigford, que el objetivo del gobierno de Obama parece estar solamente enfocado a "callarlos" descaradamente, en lugar de hacerlos todos de manera que puedan restaurar sus medios de vida agrícolas.
Sin lugar a duda, la administración de Obama puede culpar al Congreso por el fracaso de aprobar una reforma migratoria integral que es favorecida por los votantes de ascendencia latina. Pero no tiene a quien culpar sino a sí misma, si los agricultores latinos y las mujeres agricultoras no participan en las próximas elecciones. En síntesis, el gobierno de Obama ha atrapado a estos dos grupos, quienes han sido víctimas de discriminación, con un "marco" de prestidigitación jurídica y cambios en las reglas de juego que habrían hecho sentir orgullosos a los funcionarios agrícolas del gobierno de Reagan.